Política en Guatemala
La República de Guatemala es un Estado soberano e independiente de Centro América, y forma parte de la Organización
de las Naciones Unidas y de la Organización
de los Estados Americanos. Guatemala política y jurídicamente se rige por la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual es la ley suprema del Estado. El sistema de gobierno de Guatemala
es republicano, democrático y representativo, según lo establecido en el
artículo 140 de la Constitución.
La soberanía de Guatemala radica en el pueblo quien la delega, para su
ejercicio, en los Organismo del Estado, según lo establecido en el
artículo 141 de la Constitución, los cuales son:
·
Organismo
Legislativo, el cual
ejerce el poder legislativo, dicho poder es ejercido por el Congreso
de la República de Guatemala.
·
Organismo Ejecutivo, el cual ejerce el poder ejecutivo,
dicho poder es ejercido por el Presidente de
la República de Guatemala, el Vicepresidente
de la República de Guatemala, los Ministerios
del Estado y sus
dependencias. Es importante resaltar que éste organismo cuenta con su
ley propia que norma todo lo relativo a su estructura, organización y
funcionamiento.
·
Organismo
Judicial, el cual
ejerce el poder judicial, dicho poder es ejercido por la Corte
Suprema de Justicia, Corte
de Apelaciones, Tribunales
de Primera Instancia, Juzgados
de Paz o Juzgados Menores y demás juzgados que establezca la ley.Cuenta
con su ley orgánica que se encuentra contenida en el decreto 2-89 del Congreso
de la Republica Ley del Organismo Judicial.
En este mismo artículo se estipula que la subordinación entre los mismos,
es prohibida.
Guatemala vive una
crisis política desencadenada por una serie de acciones del presidente Jimmy
Morales y sus aliados en el Congreso de la República, la cúpula empresarial, la
dirigencia del Ejército y otros sectores comprometidos con el orden vigente. El
análisis se apega a un enfoque que integra las dimensiones
político-institucional, económica, sociocultural, ambiental y global-local.
Desde esta perspectiva el análisis persigue identificar algunas relaciones
causales de la crisis democrática que tiene lugar en Guatemala y sus
implicaciones en las aspiraciones de bienestar humano.
1. De la crisis de gobernabilidad
a la profundización de la inestabilidad del sistema
La coyuntura de 2015
provocó un quiebre político y permitió exponer públicamente los elementos
políticos y económicos críticos que imposibilitan la anhelada meta de la
consolidación democrática, inconclusa desde 1985. A partir de ese quiebre la
lucha contra la corrupción ha permitido confirmar, en el ámbito de la
persecución penal, la tesis de un Estado cooptado por redes político-económicas
ilegales que, como mutación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de
seguridad, son parte del crimen organizado que interactúa con el poder
económico a partir de la intermediación de políticos corruptos.
La persecución penal
iniciada con el caso La Línea, en 2015, permitió la desarticulación de la
estructura criminal de mayor poder público, al defenestrar al presidente y la
vicepresidenta (sus cabezas) mediante el funcionamiento de las instituciones de
control constitucional. Para ello, ciertas circunstancias políticas resultaron
apropiadas, fundamentalmente, el respaldo y movilización popular y la
alineación momentánea de los actores de mayor peso político y social.
La extendida corrupción
en todos los organismos del Estado, la impunidad judicial, los índices de
inseguridad y un sistema penitenciario con déficit acumulados en todos los
órdenes (derechos, infraestructura, corrupción, pérdida de control, entre
otros) son solo algunas variables que permiten señalar el retraso del régimen
político respecto de los estándares de una democracia. El pobre desempeño en
esas materias, sumado a la indiferencia e incapacidad de los gobiernos[1] para tomar decisiones que mejoren
los indicadores sociales, constituye una explicación parcial de la persistencia
de fuerzas estructurales impulsoras de las continuas crisis de gobernabilidad.
Los eventos políticos de
2015 encontraron lugar en las acciones sinérgicas del Ministerio Público, una
policía de carrera y una articulación de instituciones de seguridad para responder
a los fenómenos de criminalidad. En contraposición, las pretensiones del
presidente Jimmy Morales y sus aliados (tanto en el Congreso de la Republica[2], en la cúpula del sector empresarial[3] y en sectores oscuros del Ejército
de Guatemala), por debilitar y anular a la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (Cicig), requerían condiciones de posibilidad[4] tales como la reducción de la
capacidad operativa y de coordinación de las mismas instituciones de seguridad.
El recambio de Fiscal General generó un momento propicio[5], que fue anticipado por el cambio de la
cúpula policial, del Ministro de Gobernación y la designación de un Procurador
General de la Nación ad
hoc. El escenario 2018 es solo la expresión
del plan Presidencial y sus aliados, orquestado para cumplir un objetivo
inmediato (expulsar al Comisionado Iván Velásquez y parar el trabajo de la
Cicig) y un objetivo de fondo (asegurarse impunidad y continuidad en el poder).
La gran diferencia entre el episodio del non grato en
2017 y el boicot a la Cicig en 2018, es que el gobierno preparó efectivamente
el contexto para neutralizar a los actores que frenaron la expulsión en 2017 y
ha mostrado acciones que reflejan un franco retroceso democrático al
desobedecer resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y no solo generar
sino también liderar con su discurso un clima de criminalización de defensores
de derechos humanos.
Para apreciar el
retroceso institucional que constituyen las acciones que interrumpen el proceso
de consolidación de las instituciones de seguridad ciudadana y la desobediencia
a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, es fundamental la contextualización
de los hechos recientes con las posiciones de los actores de poder. La presente
crisis tiene en su epicentro al presidente Morales y su familia, implicados en
casos de corrupción, incluido el financiamiento electoral ilícito, que
involucran también a altos dirigentes empresariales de Guatemala. En la crisis
activada por las decisiones del mandatario, que violan el acuerdo de creación
de la Cicig y desobedecen a la Corte de Constitucionalidad, se suma la
anulación de entes de contrapeso institucional y de la manipulación de la
ciudadanía a partir de mensajes nacionalistas distorsionados. Destaca: a) la
utilización del Ejército, junto a elementos de la policía, para el anuncio
presidencial, el pasado 31 de agosto, de la finalización del mandato de la
Cicig; b) la manipulación de los valores religiosos en la movilización del 2 de
septiembre, aprovechada como una narrativa de fuerza por el poder político o
usado como excusa para limitar derechos de libre expresión de grupos musicales;
c) el silencio cómplice del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras, que alentó rápidamente la activa
desobediencia del Ejecutivo a las resoluciones de la Corte de
Constitucionalidad sobre el ingreso del comisionado Iván Velásquez; y, d) la
confusión que generan las complejas posiciones asumidas por el gobierno de
Estados Unidos en las relaciones internacionales.
Mapa conceptual sobre la Política en Guatemala
vídeo sobre la Política en Guatemala
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