Corrupción En Guatemala
La corrupción y sus efectos en la economía y
desarrollo de Guatemala
Algunas
personas que trabajan en el sector público consideran a la corrupción como algo
normal o parte de la norma. Pero como todo en la vida hay niveles o grados, y
en Guatemala la magnitud de la corrupción en el sector público ha tenido al
menos 19 impactos negativos en la economía y desarrollo del país. Entre ellos,
una baja en la clasificación de riesgo país, Estado de derecho débil, poca
institucionalidad y un exorbitante atraso en las condenas del sistema de
justicia.
La corrupción es un
fenómeno que está presente en todos los países del mundo, independientemente si
son desarrollados o no, de su cultura o de su religión. Sin embargo, en la
medida en que se vuelve normal y sistematiza en una sociedad, se convierte en
un freno al desarrollo y crecimiento económico, que conduce a una menor
eficiencia de las instituciones públicas y privadas, y constituye un obstáculo
al incremento de la calidad de vida de su población. A pesar de ello, la
corrupción existe dentro de un buen número de instituciones públicas y empresas
privadas.
Algunas personas
sostienen que el crecimiento económico del país no se ve afectado por la
corrupción. Sin embargo, hay una relación positiva entre crecimiento económico
y la transparencia en el sector público, por lo que hace imperativo que la
corrupción sea la más mínima posible para no afectar el crecimiento. Es decir,
unos niveles más altos de corrupción corresponden a menor inversión y
crecimiento (Quiroz: 2013).
Si bien la corrupción
está desde hace décadas en Guatemala, los flujos de dinero ilegal que
circularon en las redes de corrupción del gobierno del general Otto Pérez
Molina, según las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), fueron de tal
magnitud que le otorgaron al presidente y vicepresidenta Roxana Baldetti un
poder corruptor letal, generando dominación, putrefacción de algunas
instituciones públicas y posiblemente más pobreza.
Dominación porque se
demostró que la corrupción pudo doblegar la voluntad de la verdad y justicia,
putrefacción porque usaron a algunas instituciones públicas para cumplir con
sus intereses personales, y pobreza porque en 2014 la pobreza total aumento a
59.28%, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de ese año.
El Fondo Monetario
Internacional (FMI) en su conferencia anual de 2017 hizo un llamado a frenar la
corrupción para impulsar el crecimiento económico y hacerlo sostenible e
inclusivo. Consideró que la reducción de la corrupción es una reforma
estructural necesaria por aplicar. Afirmó que la corrupción arraigada es un
lastre para el crecimiento económico.
El Índice de Percepción
de Corrupción (IPC) de 2016 elaborado por Transparency International, señala que la mayoría de los países de Latinoamérica
han mejorado en sus calificaciones de transparencia. No así en Centroamérica,
con excepción de Costa Rica.
La Tabla #1 muestra para
los años 2015 y 2016 las calificaciones del IPC para los países
centroamericanos. El score es la clasificación percibida del nivel de
corrupción del sector público en escala de 0 (extremadamente corrupto) a 100
(muy transparente).
Por
qué la percepción sobre corrupción en Guatemala es la peor en 12 años
El Índice de
Percepción de Corrupción coloca a Guatemala en el puesto 144 y está entre los
50 países peor calificados por opacidad, junto con Nicaragua, Haití y
Venezuela.
La ciudadanía protestó en 2018 ante de la decisión presidencial
de no renovar el mandato de Cicig. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
En los últimos 12 años, la organización Transparencia
Internacional, Acción Ciudadana en Guatemala, ha expuesto el índice de
percepción de corrupción, y en el 2018 Guatemala obtuvo la calificación más
baja desde su origen.
Guatemala comparte el puesto 144, con 27 puntos, en la categoría
de países con baja calificación, con Camoras, Kenia, Mauritania y Nigeria.
Fueron evaluados 180 países.
En
el gobierno del Partido Patriota, Guatemala obtuvo punteos de 33
a 28 entre 2012 y 2015, siendo la calificación de 28 la más baja en la historia
hasta ese entonces. Se obtuvo esa percepción de opacidad ante la revelación de
casos de corrupción, en la que estuvieron señalados los gobernantes Otto Pérez
Molina y Roxana Baldetti, quienes renunciaron a sus cargos y actualmente
enfrentan procesos judiciales. De hecho Baldetti ya fue condenada a 15 años por
corrupción.
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, expuso que
Guatemala sale mal calificada en transparencia y está alejada de la
calificación promedio de América, que es de 44 puntos.
El índice de corrupción establece que Cuba ocupa el puesto 61
con 47 puntos.
“Tenemos
muy mala percepción por la corrupción que se obtiene y refleja la ausencia de
lucha contra la corrupción del gobierno de Jimmy
Morales. Él –el presidente- desatendió y se apartó de la
lucha contra la corrupción con todos los pleitos
hacia Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con el
debilitamiento al Ministerio Público, es decir que hay intencionalidad del
Gobierno por desmantelar la lucha contra la corrupción”, criticó Marroquín.
Acción Ciudadana cree que es “imposible” revertir esa recepción
porque este es el último año de gobierno de Morales y por las políticas
públicas que implementa hay “pocas posibilidades de reversión” para el país.
“El Índice de Percepción de Corrupción es el estudio que más
consultan las grandes corporaciones para hacer inversión en un país. Al ver
estos indicadores huirán esos capitales y se escapan las posibilidades de
generar inversiones y empleo”, señaló Marroquín.
Lucha contra la Corrupción En
Guatemala
A primera vista, los pasos que da Guatemala en la lucha contra
el crimen organizado parecen impresionantes: trabaja con las Naciones Unidas y
la fiscal general ha desmantelado una red criminal relacionada con el
presidente anterior, Otto Pérez Molina, encarcelado con su vicepresidenta y
otros 200 miembros del gobierno, diputados, funcionarios, empresarios, banqueros,
abogados y jueces caídos en desgracia.
Pero las apariencias engañan. Guatemala todavía se enfrente a
una resistencia formidable al cambio por parte del crimen organizado, jueces
corruptos, políticos y empresarios. Los ciudadanos, mientras tanto, no se
muestran demasiado favorables a participar en la transformación de un sistema
político en el que aún no confían.
El precio de que Guatemala fallase sería enorme. No se trataría
de que la democracia de ese país peligre, sino de que la esperanza de que se
desarrollen reformas en toda la región sufriría un revés importante.
En los últimos 18 meses, Guatemala ha hecho más que arrestar a
unas cuantas personalidades de perfil alto. El congreso ha aprobado reformas
que fortalecen la transparencia, la financiación de las campañas políticas y la
adjudicación de contratos públicos. También se ha avanzado en la
profesionalización de la función público y el sistema judicial. Una década de
trabajo en la construcción de una fiscalía profesional y poderosa comienza a
dar resultados. El Ministerio de Interior está en manos de personas que fueron
fiscales. El mismo tipo de profesionales administran la recaudación de
impuestos.
Pero estas victorias no son más que el comienzo de la batalla
contra un adversario indomable: el crimen organizado. El origen de estas
organizaciones criminales se remonta a medio siglo atrás, a la guerra civil de
décadas de duración y carácter genocida en la que el ejército y la élite
saquearon el país para maximizar la ganancia de la guerra y establecer un marco
de referencia que alimentase perpetuamente su avaricia.
Llegar a la raíz del crimen organizado significa ir mucho más
allá de unos cuantos funcionarios corruptos, algo en lo que Pérez Molina hizo
énfasis en una entrevista concedida desde la cárcel el año pasado. Sabía de lo
que hablaba: se ha destituido a las cabezas visibles pero, como si de una hidra
mitológica se tratase, emerge una nueva generación de delincuentes que pelea
por el liderazgo y un número importante de redes criminales sigue operando sin
que nadie se lo impida.
Mientras tanto, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) y sus contrapartes en el gobierno y la sociedad civil suponen
una desventaja táctica. Gran parte de su éxito inicial se debió al elemento
sorpresa. Nadie esperaba un ataque de tal calibre contra la corrupción. Pero el
crimen organizado no va a cometer el mismo error por segunda ocasión. Sus
líderes han amenazado en público la integridad y la reputación de la fiscal
general, al juez que preside la sala que lleva los casos por corrupción, al
comisionado de las Naciones Unidas y al principal de sus funcionarios. Tratan
de que se echen atrás, de minar su credibilidad para seguir adelante con los
procesos.
No son amenazas baladíes: hay una percepción generalizada de que
el asesinato de Byron Lima Oliva,
el reo más tristemente famoso del país, señor del sistema criminal dentro de
los centros penales, estuvo relacionado con su aparente voluntad de revelar la
fuente de quienes amenazaban a la fiscal general Thelma Aldana.
La Comisión de las Naciones Unidas y sus socios deben hacer algo
más que mantenerse firmes. Hasta ahora, se han concentrado en una purga
política de la capital. Pero para consolidar sus avances deben avanzar hacia el
interior del país, donde las redes criminales mantienen a la clase política
rehén. En la actualidad, la fiscalía general tiene delegaciones solo en el 10
por ciento de las 338 municipalidades.
Y hay otro cambio que es incluso más fundamental: una cosa es
terminar con la corrupción, y otra es crear una sociedad civil y una democracia
que funcionen y que puedan proteger al país de este mal. Guatemala avanza en la
dirección correcta, con un número creciente de ciudadanos que comienza a
comprender que una sociedad democrática, justa y equitativa está a su alcance.
Muchos creen, también, que el gobierno aún es incapaz de pasar a la acción de
manera contundente. Los guatemaltecos honestos, y emprendedores no se atreven a
firmar un contrato con la administración y los activistas por la democracia
dudan sobre su entrada en política.
Pueden darse fallos en varios ámbitos diferentes. La presión
política y el miedo podría forzar la dimisión de quienes pelean contra la
corrupción. Las Naciones Unidas podrían decidir que su trabajo ha terminado y
mover sus recursos a otro lugar. El apoyo de Estados Unidos podría agotarse.
Cualquier revés supondría un desastre y daría el protagonismo y la iniciativa
de nuevo al crimen organizado; terminaría con la esperanza de la ciudadanía en
el cambio pacífico.
Lo que sucede en Guatemala importa más allá de sus fronteras. El
país es laboratorio de pruebas de una batalla de ámbito regional contra la
corrupción. Muchos a su alrededor miran con detenimiento lo que sucede allí. Si
gana el crimen, la ilegalidad que gobierna gran parte del continente se sentirá
reforzada. Si gana la democracia, los ciudadanos de la región ganarán
confianza, inspiración y mecanismos para hacer avanzar su defensa del Estado de
derecho.
El gobierno de Estados Unidos comprende lo que está en juego y
ha prestado su apoyo de manera clara a la comisión de Naciones Unidas y la
Fiscalía General de la República. Los opositores, que acusan a Estados Unidos
de neocolonialismo cuando les apetece, esperan que gane Donald Trump porque eso
llevaría a la retirada de fondos a los trabajos de reforma.
Este apoyo le ha granjeado nuevos aliados a Estados Unidos. Los
guatemaltecos liberales, incluso aquellos que se han opuesto desde hace mucho y
con todos sus esfuerzos al intervencionismo estadounidenses, defienden lo que
sucede ahora. Después de casi un siglo de apoyo a regímenes opresivos y
violentos, Estados Unidos aparece, al fin, en el lado correcto en América
Central.
Como los reformistas de Ciudad de Guatemala, Estados Unidos no
puede dar un paso atrás. El crimen organizado en Guatemala está detrás del
tráfico de drogas, armas y personas hacia el norte. Una colaboración basada en
la confianza y la buena voluntad entre vecinos democráticos tiene muchas más
posibilidades de brindar seguridad para todos.
Vídeo sobre la Corrupción en Guatemala
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